TABACO : LA RESISTENCIA DE UN PUEBLO EN CONTRA DE LA DESAPARICIÓN DE UN TERRITORIO EN LA GUAJIRA NORTE DE COLOMBIA

Una historia de sobrevivencia a los embates de las trasnacionales

par Diego Escobar Coordinador, Carta de responsabilidades humanas, Colombia

Résumé en français

Préparé à partir d’une entrevue avec Piedro, un leader de la résistance à l’appropriation sauvage du territoire de la communauté Tabaco pour l’exploitation d’une mine de charbon par la compagnie Carbocol, ce texte rend compte de la stratégie mise de l’avant par l’entreprise afin de spolier les habitants de leur territoire.  Encerclant d’abord les terres convoitées, agrandissant le territoire exploité jusqu’à enfermer les paysans qui ne voient d’autres choix que de se résigner à l’inévitable l’expropriation ou de se voir expulsés par les gardes privés et l’armée colombienne.  Une erreur du processus d’expropriation dans le cas de certaines zones rurales dont l’entreprise n’accepte pas les conséquences entraîne une deuxième infamie dont le maire de la municipalité de Hato Nuevo se rend complice.  On invoque une servitude au bénéfice de la compagnie minière qui devrait entraîner le paiement de dommages aux résidents de la communauté concernée.  Or la municipalité invoque son droit de récupération de l’espace public afin de soustraire l’entreprise de ses obligations.  Porté devant la Cour suprême, la communauté de Tabaco reçoit gain de cause par rapport à ces demandes – dont l’amélioration des conditions de vie et les conditions d’éducation pour les jeunes.  Cinq ans plus tard, en 2007, les paysans de la communauté n’ont encore rien vu des compensations promises.

Les paysans concernés, dont Pedro, se voient donc expulsés sans compensation, non seulement de leurs territoires mais perdent aussi tout ce que ce territoire représente voisinage, culture, espoirs, rêves.  Quelle est l’utilité du système judiciaire colombien ?

L’État et le système de « justice », leur vision à courte vue, l’absence de volonté et surtout le désintérêt quant au sort des populations et des communautés démunies constituent les constats les plus cruciaux de cette expérience.  Si la population colombienne n’est pas sensibilisée à ces questions, ce type d’atteinte grave aux droits et à la dignité humaine pourrait encore s’accentuer.

Entrevista con Piedro un miembro de la comunidad de Tabaco

Este líder comunitario es un hombre menudo de un metro sesenta y ocho de estatura aproximadamente, sus manos curtidas y su rostro triste reflejan las vicisitudes conflictivas por las que ha tenido que atravesar. Él se define como un hijo adoptivo de Tabaco un pequeño corregimiento que estaba ubicado en el departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia que colinda con el mar Caribe bañando todas las costas de este territorio, al sur con el departamento del Magdalena, emporio hotelero del país y al nororiente con Venezuela, vecino poderoso por sus riquezas petroleras.

Tabaco era como un oasis en el departamento de La Guajira, se cultivaban productos de pancoger como mango, plátano, hortalizas, se casaban algunas aves y animales salvajes que posibilitaban la seguridad alimenticia de los campesinos de esta región que en su mayoría son afrodescendientes y mestizos, conjunto de riquezas naturales, económicas y sociales que conformaban el entorno de los tabaqueños, que en circunstancias propicias y razonables deberían ser las justificaciones claras y concretas para que los pobladores que moraban allí se sintieran felices. Sin embargo, la riqueza  de su contexto fue su propia condena. En la décadas de los ochentas y noventas, se inicia la explotación carbonífera de estas tierras del Cerrejón  por parte de la empresa estatal Carbones de Colombia CARBOCOL en consorcio con la multinacional de Estados Unidos INTERCOL  (filial de la EXXON-MOBIL), posteriormente la fueron privatizando aún más, lo que era un bien de capital mixto y de interés público, poco a poco fue perdiendo este carácter, cuando se asocian a este consorcio la inglesa BHP- Billiton, Anglo-American de Sudáfrica y la suiza Glencore, a la cual el gobierno vendió CARBOCOL, entre tanto, por su lado INTERCOR también fue vendida por los norteamericanos a este consorcio multinacional que ahora controla las exportaciones de más de la mitad del carbón que produce el país y el 70 % de las reservas de este mineral que se produce en Colombia.

El Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande del mundo, de allí se extrae carbón térmico, muy estratégico porque es el que se emplea para generar energía eléctrica, los principales mercados de exportación para la producción colombiana de este mineral son Estados Unidos y Europa, Colombia posee las mayores reservas de carbón en Latinoamérica y es el quinto exportador de carbón térmico del mundo. Para la economía nacional, el carbón se consolida como el segundo renglón de exportación después del petróleo.

Lo que era campo abierto se fue transformando rápidamente en una gran mina. La apacible vida rural de su habitantes comenzó a ser interrumpida por grandes maquinarías, volquetas de dimensiones extraordinarias (con solo decir que una llanta de uno de estos aparatos puede medir seis metros de diámetro) y hasta una vía férrea se construyó con el objetivo de transportar el carbón explotado hasta el puerto marítimo que tampoco existía.

Los habitantes de todos los pueblos, caseríos y los campesinos de la parte norte de la península de la Guajira (la comunidad indígena Wayúu; la Comunidad de Roche, la de Chancleta, la de Patilla, todas ellas corregimientos ubicabas en el municipio de de Barranca, al igual que la Comunidad de los Remedios entre las más afectadas) se ven de esta manera envueltos en la lógica extrema de súper explotación por parte de este consorcio multinacional. Como se sabe, las empresas mineras generalmente operan apropiándose (comprando y expropiando) de las tierras de manera circular, en este caso, para ir ampliando el radio de acción de la excavación. Así van cercando las tierras expropiadas y por ende la de los campesinos que quedaron al interior de su círculo fronterizo, restringiendo la libre circulación de los personas. Cultivos, casas, animales y enceres atrapados dentro del espacio de explotación de la empresa, sin la posibilidad de que sus dueños accedan a sus tierras ahora secuestradas y sin posibilidad de uso.

El crecimiento de la mina de carbón llegó en la década del noventa a los territorios donde estaba Tabaco, que quedaba estratégicamente ubicado muy cerca de uno de los pocos ríos de esta región, el Ranchería y comienzan los hostigamientos hacia la población para presionarla a vender sus tierras a precios irrisorios. Construyen un aeropuerto privado muy cerca del corregimiento y proponen una negociación directa entre la empresa y cada uno de los propietarios de los predios del pueblo y el territorio, de esta manera fue más fácil dividir a la comunidad, para frenar el proceso de resistencia que se estaba gestando frente al abuso, el desplazamiento y el desarraigo que ocasionaría el crecimiento de los trabajos de explotación carbonífera.
Entre 1995 hasta 2002, año en el que desaparece Tabaco, se planean una serie de estrategias por parte de esta empresa para apoderarse del territorio, que como lo cuenta Pedro, terminaron por desalojarlos de lo más preciado que tenían, su tierra, la cultura, sus costumbres, la vida cotidiana y su historia compartida, aunque por otro lado, él sigue firme al igual que otras familias en el proceso de resistencia frente al desarraigo impuesto por la empresa.

En el año de 1997, cuando se supo las intenciones de la empresa de apoderarse de todas las tierras que conformaban el pueblo y sus alrededores, este líder se opuso frente a la reestrategia que estaba promoviendo la multinacional de convencer a las personas más influyentes de Tabaco y de la organización comunal para que vendieran sus tierras a precios irrisorios, por esta razón y sin que se hubiera terminado el período de la junta de la que hacia parte el entrevistado, la empresa por medio de artimañas jurídicas logra posicionar un nuevo presidente en esta organización comunal.

La situación se complica con este nuevo presidente de la Junta, la empresa le promete comprar su casa a mayor precio que a la de sus vecinos, pero también le encarga facilitar las negociaciones con toda la comunidad de Tabaco. El nuevo responsable de la organización se vuelve el lleva y trae de información por parte de la empresa y entre 1997 y 1998 convence a por lo menos a 110 familias de unas 400 que conformaban toda la comunidad de Tabaco. Por estas razones este miembro de la comunidad que nos dio sus testimonio, al igual que otros tantos, se retiran de la junta en 1998 al no ver garantías para su ejercicio en la Acción Comunal, a cambio de lo cual se propusieron reorganizar la resistencia en contra de la expropiación de sus tierras.

La empresa sigue en su empeño de apropiación de los predios y de la tierra, entre 1998 y 2001, usa todos los medios jurídicos para debilitar el proceso de resistencia de las familias que no querían vender. La idea era expropiarles las tierras con el argumento de declarar de “Utilidad Pública y Social” el predio llamado Tabaco sin siquiera indicar el nombre, el domicilio y la residencia de toda la comunidad que habitaba este territorio. Efectivamente después de muchas acciones de tipo legal, nada transparentes en las que argüían una resolución emitida por un juez de la ciudad de Riohacha en 1999 y aplicada en agosto de 2001 para expropiar las casas y los predios de los vecinos que aún quedaban allí.

El líder entrevistado rememora tristemente los días 9 y 10 de agosto de 2001 como si hubieran pasado ayer,  cuando los guardias de la empresa en compañía de la policía y el ejército, “llegaron con sus armas, maquinarias y carros” a expulsar a las familias, tumbar las casas y sacar todas las pertenencias que estaban dentro de las mismas para llevarlas a unas bodegas de propiedad del consorcio minero, muchas de las cuales y en su gran mayoría no han logrado ser recuperadas por sus propietarios. Sin embargo, en el proceso jurídico no entraron todas las casas y algunos predios ubicados en la parte rural. Como lo señala un miembro de la comunidad, en su caso se dieron cuenta que la expropiación tenía errores en cuanto a los linderos y no pudieron sacarlo al igual que a otros vecinos.

La infamia de esta historia se profundiza, el líder cuenta que: como no podían hacer una nueva expropiación, la empresa multinacional optó por invocar la denominad “servidumbre minera”, que citaba jurídicamente la reglamentación dictada en 1996 y ratificada en el artículo 168 de la ley 685 de 2001, la cual establece entre otras cosas que  “las servidumbres en beneficio de la minería son legales o forzosas (…) es decir, se imponen aún contra la voluntad de los dueños o poseedores, o de las mejoras que se encuentren dentro de los predios afectados, recibiendo los perjudicados la remuneración económica pertinente a los daños que la actividad minera ocasione, esta retribución la recibirán de parte de los mineros”.

Entre tanto, la empresa para pasar por encima de la retribución económica a la que estaban obligados, decide de común acuerdo con el Alcalde de Hato Nuevo -al que pertenecía el corregimiento de Tabaco- que él hiciera la entrega de dicha servidumbre en nombre de todos los vecinos del corregimiento y así lo hizo, con la justificación inédita de “recuperar el espacio público”. De esta manera y con la mirada impotente de los habitantes que quedaban allí, desapareció Tabaco el 28 de enero de 2002, sustentado en acciones judiciales totalmente parcializadas a favor de la empresa apoyada por la policía y el ejército. Algunas familias tenían tierras en la parte rural del corregimiento, pero también fueron desalojados de sus predios por la aplicación de esta misma figura jurídica pero con carácter de “servidumbre rural”, que simplemente legitimó la inequidad del poderoso consorcio empresarial y en contra de los humildes pobladores que cometieron el único error de haber vivido en un territorio estratégicamente rico para la explotación capitalista, sin que ellos lo hubieran sabido.

El líder comunitario y su familia se fueron sin nada de donde lo habían tenido todo: sus sueños, ilusiones, amigos, casa, sus hábitos de vida y la cultura que compartía con los habitantes de esta comunidad que le daban valor humano al territorio que perdieron. Cuatro meses después en mayo de 2002 se produce una sentencia por parte de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia para resarcir los daños ocasionados a la comunidad , en la que se ordenaba al Alcalde Municipal de Hatonuevo (Guajira) a la que pertenecía el corregimiento de Tabaco, que el término máximo de 48 horas iniciara los tramites correspondientes para que materializara las soluciones efectivas tendientes a establecer la construcción de la infraestructura comunal y el desarrollo de un plan de vivienda en favor de los miembros de la comunidad de Tabaco y para que atendiera las necesidades de vivienda y educación de los menores.

Cinco años después, no se ha cumplido con nada de lo ordenado en esa sentencia. Por el contrario, los habitantes de la comunidad no han tenido ningún apoyo de parte de las autoridades de Hatonuevo y a cambio de ello mucha discriminación. Por esta razón este hombre y su familia compuesta por 4 hijos, la esposa y su papá se tuvieron que ir para otro corregimiento llamado Albania, dónde un señor les ofreció para que se quedaran, una casita de 4 metros por cuatro, de una sola pieza. Allí residieron durante 6 meses sin ningún tipo de ayuda y ni siquiera fueron reconocidos como desplazados y menos tuvieron en cuenta que ellos eran una comunidad negra que estaba cobijada por una legislación especial la ley 70 de 1993, en donde se protege a los habitantes de dichas comunidades, concediéndoles autonomía frente al manejo de sus territorios.

Entre 2003 hasta el año 2006, un familiar le cede un terreno en el mismo municipio de Albania, pero cuenta el líder, que como dicho pariente tenía trabajo con la empresa, cuando saben que él y su familia están alojados allí, presionan al familiar para que el líder y su familia salieran de esta propiedad. Por fin en el año  2007, el entrevistado logra hacer una vivienda muy rudimentaria, en un lugar llamado Cuestecita en el corregimiento de Albania, quizá como una manera de resistir y sobrevivir relativamente cerca de donde fue su vida y su tierra.

Para este líder comunitario, un territorio ahora es como algo ajeno, él dice que después de esta experiencia aprendió que como persona puede ser un territorio, pues es lo único que le queda, pero que nunca será lo mismo. Sus hijos y en general su familia extrañan mucho estar y vivir en su tierra, los paisajes, los arroyos, su dieta alimenticia. Lo más positivo entre tanta injusticia es el haber logrado sobrevivir. Dice este hombre con una mirada profunda, que por lo menos, ahora después de tanta resistencia de los tabaqueños, las comunidades que corren el mismo riesgo de desaparecer en La Guajira, ya tienen en su haber esta experiencia de aguante y que la empresa está comenzando a hablarle a la gente de otra manera. Tal vez en algún momento, la justicia de la historia les devuelva sus sueños con creces, porque dignidad les sobra como se ve en la vida de este líder social y su familia.

Queda claro que el punto más urgente de este proceso de lucha es la reclamación y recuperación de sus territorios, pero también, de que otras comunidades que están en grave riesgo de sufrir los mismo, tengan la capacidad de resistir y de valorar el ejemplo de lo que han realizado los tabaqueños en su constante resistencia.

Comentario

Territorio, vida y dignidad son los tres elementos más importantes de esta experiencia de resistencia. No cabe duda que se debe replantear el accionar de las empresas que de conjunto con las autoridades locales, nacionales y globales terminan por legitimar la injusticia de la productividad, la extracción y la desolación de los territorios por encima de las personas que los habitan, de sus culturas, esperanzas y sueños.

En este caso específico, la reconstrucción de la experiencia de Pedro nos puede señalar muchas cosas frente a la mirada que se tiene de un territorio, que no debe ser entendido  simplemente como una porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. más bien, por el contrario, debe ser visto como un complejo de relaciones sociales bióticas en los que la cultura, las costumbres y la vida cotidiana hacen de este espacio algo tan valioso como la misma vida que las habita. No se trata solamente de explotar la tierra, se trata de construir en el respeto, de preservar la diversidad y de posibilitar la dignidad por encima de los intereses económicos.

Un cuestionamiento fundamental surge en retrospectiva con relación  a esta experiencia y es la verdadera utilidad del sistema de justicia de nuestro país. No cabe la menor duda que a todas luces muchos de los fallos que se dieron en contra de la comunidad de Tabaco estaban viciados por la corrupción y la deficiente interpretación que algunos de los jueces de nuestra nación conciben  sobre lo que es o no justo. De otro lado, algunas de las sentencias a favor de la comunidad no fueron cumplidas ni por la empresa, ni por la autoridades encargadas ni por el Estado en su conjunto. ¿Será porque nuestra sociedad no tiene consolidado un mínimo moral de acción y protección que actué como regulador a favor de los más débiles?
Le cabe a este consorcio multinacional la mayor responsabilidad, al Estado su falta de voluntad para apoyar a las comunidades en el momento que las necesita, al sistema de justicia, su precaria mirada sobre a quién debe defender y quizá a la sociedad en su conjunto la necesaria sensibilización para comprender que lo que pasa es grave y si no se actúa será peor.

Notas : esta ficha fue realizada en el marco del desarrollo de la alianza metodológica Escritores Públicos para la Integración Regional en América Latina (Espiral). La entrevista se desarrolló en el evento Territorio : Vida y Esperanza de los pueblos. Encuentro de experiencias de exigibilidad y resistencia del derecho al territorio. Barrancabermeja, 4 y 5 de Octubre de 2007.